La prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz se ha convertido en un juego de intereses en el que, lo que realmente importa, es el dinero. La izquierda moderada de Extremadura, el PSOE, está dispuesta a dejar en segundo plano aspectos esenciales como la seguridad a cambio de que las empresas propietarias de la planta realicen inversiones cifradas en 600 millones de euros y el cambio del domicilio fiscal desde el País Vasco a esta comunidad aútónoma para que el valor añadido no se pierda en el camino.
No les falta razón a los ecologistas cuando reclaman el cumplimiento de una promesa electoral socialista que abogaba por el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas. A medida que han transcurrido los años, el PSOE ha ido girando cada vez más al centro, o dicho de otro modo, se ha ido "derechizando". Los socialistas comenzaron predicando "OTAN, de entrada no" y acabaron pidiendo el "sí" más categórico en un referendum que lograron llevarse de calle. El ex presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, lideró en la década de los 80 un movimiento social y político que reclamaba el cierre de la Central Nuclear de Valdecaballeros, una instalación que, por la presión de la época, nunca llegó a abrir sus puertas. Pero hoy en día, la foto en blanco y negro de Valdecaballeros en la que Ibarra sostenía la pancarta reclamando el cierre de la planta no es más que un espejismo que avala que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en nuestro país no han afrontado con arrojo el problema de los residuos radiactivos. En la actualidad, las instalaciones de Almaraz encierran, no sólo dos centrales nucleares, sino un abultado volumen de desechos de alta actividad que tienen fecha de caducidad y que algún día serán enterrados en un almacén centralizado. La elección del emplazamiento es un reto para el Gobierno, que ha ido aplazándolo de forma reiterada por el rechazo social que despierta.
Con el argumento de que no existen alternativas suficientes para proporcionar a nuestro país la energía que necesita, recientemente se ha abierto un debate social sobre las nucleares que no ha hecho más que empezar. Ahora el Gobierno de Extremadura supedita la continuidad de Almaraz a cuestiones puramente económicas, pero no hay que olvidar que esta planta tiene una antigüedad excesiva, que ha sustituido sus generadores de vapor fabricados por Westinghouse porque presentaban un defecto de diseño que originaba problemas de corrosión y que sufrió una fuga del circuito primario al secundario el 13 de julio de 1988. Eso es lo que realmente importa y el asunto que debe presidir cualquier negociación en la que se ponga sobre la mesa la continuidad o no de la Central Nuclear de Almaraz.
No les falta razón a los ecologistas cuando reclaman el cumplimiento de una promesa electoral socialista que abogaba por el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas. A medida que han transcurrido los años, el PSOE ha ido girando cada vez más al centro, o dicho de otro modo, se ha ido "derechizando". Los socialistas comenzaron predicando "OTAN, de entrada no" y acabaron pidiendo el "sí" más categórico en un referendum que lograron llevarse de calle. El ex presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, lideró en la década de los 80 un movimiento social y político que reclamaba el cierre de la Central Nuclear de Valdecaballeros, una instalación que, por la presión de la época, nunca llegó a abrir sus puertas. Pero hoy en día, la foto en blanco y negro de Valdecaballeros en la que Ibarra sostenía la pancarta reclamando el cierre de la planta no es más que un espejismo que avala que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en nuestro país no han afrontado con arrojo el problema de los residuos radiactivos. En la actualidad, las instalaciones de Almaraz encierran, no sólo dos centrales nucleares, sino un abultado volumen de desechos de alta actividad que tienen fecha de caducidad y que algún día serán enterrados en un almacén centralizado. La elección del emplazamiento es un reto para el Gobierno, que ha ido aplazándolo de forma reiterada por el rechazo social que despierta.
Con el argumento de que no existen alternativas suficientes para proporcionar a nuestro país la energía que necesita, recientemente se ha abierto un debate social sobre las nucleares que no ha hecho más que empezar. Ahora el Gobierno de Extremadura supedita la continuidad de Almaraz a cuestiones puramente económicas, pero no hay que olvidar que esta planta tiene una antigüedad excesiva, que ha sustituido sus generadores de vapor fabricados por Westinghouse porque presentaban un defecto de diseño que originaba problemas de corrosión y que sufrió una fuga del circuito primario al secundario el 13 de julio de 1988. Eso es lo que realmente importa y el asunto que debe presidir cualquier negociación en la que se ponga sobre la mesa la continuidad o no de la Central Nuclear de Almaraz.
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