Cierto olor a podrido

Tal y como era de preveer, la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata se ha descompuesto, inundada en sus propios fracasos de gestión, y abrumada por graves irregularidades económicas. La forzada renuncia de su presidente, Valentín Porras, ha estado precedida por la dimisión de dos piezas clave en el ente: los ediles de Hoyos y Valverde del Fresno, Marcelo Hernández y Ana Isabel Pérez, respectivamente, que de forma valiente han abandonado sus puestos al frente de la tesorería y la comisión de cuentas para despejar cualquier atisbo de duda sobre su gestión.

Valentín Porras ni ha podido ni ha sabido amortiguar la crisis que en buena parte heredó del ahora diputado provincial, Alfonso Beltrán, quien no supo poner freno en su día a las intenciones del ex-consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta, para colocar a su pupilo, Ignacio Márquez, al frente de la gerencia de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata. No hay que exculpar al PP del progreso de Márquez, ya que el representante de esta formación política en el órgano que se constituyó para adjudicar la plaza de gerente fue el alcalde de Villamiel, Juan Isaac Enrique, en aquellas fechas familiar directo del elegido.

Pero la desaparición de Porras de la escena política comarcal de Sierra de Gata no tendrá efectos secundarios en el saneamiento de las arcas de la mancomunidad si la medida no va acompañada de otra serie de depuraciones que, por higiene democrática, se consideran imprescindibles.

Uno de los principales desaguisados del actual equipo de gobierno de Sierra de Gata ha sido la adjudicación de la gestión de las depuradoras de aguas residuales en la comarca. El concurso benefició a Exman (Explotación y Mantenimiento, S.L.), una sociedad placentina que fue filial del desaparecido Grupo Himexsa Tecnoagua (GHT), a pesar de que había otras empresas capaces de gestionar el servicio en condiciones mucho más ventajosas para los intereses de la mancomunidad. Varias personas del PSOE con poder de decisión en aquel concurso conocían que el gerente de la mancomunidad fue empleado de GHT, donde ocupó el cargo de responsable de Recursos Humanos tras su desembarco en la empresa privada proveniente de la UGT. Por tanto, avalaron con su voto una adjudicación conscientes de que Márquez estaba dejando la gestión de un servicio comarcal en manos de unos antiguos amigos.

Otro de los vicios añadidos de Sierra de Gata, cuyo único responsable ha sido el dimitido alcalde de Santibáñez el Alto, ha consistido en dejar el timón del barco en manos de Márquez, el gerente de la mancomunidad, que dispone de una envidiable capacidad camaleónica (pasó de sindicalista a director de Recursos Humanos de una empresa). Su desastroso paso por una fundación constituída en Valencia de Alcántara con el único propósito de captar fondos comunitarios, le granjeó una buena amistad con su padrino, el ex-alcalde y ex-consejero López Iniesta, que al final le logró un buen puesto que, además, le permite alternar sus quehaceres con una segunda actividad en la que prima la labor de captar ayudas y subvenciones de los boletines oficiales de la provincia, la comunidad autónoma y las Administraciones central y europea.

La escena que se vive actualmente en Sierra de Gata dista mucho de ser ejemplar: la Mancomunidad de Municipios de la comarca ha gestionado, sin pena ni gloria, un Plan de Dinamización Turística cuyos resultados más evidentes han sido el cierre de varias oficinas de información turística. Más preocupados por su propio sustento que por el de sus convecinos, muchos de los alcaldes asisten aún hoy a la decadencia de una zona que, con la llegada de la autovía, debería respirar prosperidad y progreso. No se explica, por ejemplo, que ninguno haya movido un dedo para tratar de que no desaparezca la representación de la Pasión de Torrecilla de los Ángeles, después de 21 años de puesta en escena, o que la Cooperativa de Vinos de la Sierra de Gata se encuentre al borde del abismo. El desolador panorama político y social se ha quebrado hasta el punto de que las relaciones laborales en la mancomunidad se encuentran deshechas por una gestión en la que se ha tomado como bandera la humillación.

Ni Porras ni Márquez, capitanes del ente, han realizado el más mínimo esfuerzo en normalizar relaciones con ayuntamientos, colectivos, asociaciones, empresas y personas de talante conciliador que les han tendido su mano y que sólo han obtenido la prepotencia como respuesta. La Sierra de Gata asiste a un declive que nada tiene que ver con la crisis que nos azota, sino con el talante de unos políticos aglutinados en torno a un partido, el PSOE, profundamente dividido en la comarca, y cuyos responsables han permitido que se desvanezcan ilusiones como la de Turismo Jálama, S.L. (La Fatela), ahora en concurso de acreedores.

La Mancomunidad de Sierra de Gata tiene ante sí el reto de volver a ser lo que fue, y recuperar el clima de confianza de los ciudadanos y la normalización de las relaciones laborales del personal contratado, profundamente deterioradas por la gestión llevada a cabo por el gerente y el presidente del ente. Con esta nueva primavera, 22 municipios y 24.000 vecinos esperan que la nueva presidencia dé un giro de timón a todo cuanto huele a podrido.

El esperpento de Talayuela

La aparición de dos casos de tuberculosis en el Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Talayuela, antes bandera de la integración y ahora de la hipocresía, ha dejado con las vergüenzas al aire a la clase política sin distinción y a las autoridades sanitarias sin excepción. Las más que evidentes diferencias entre los dos grupos que conforman el gobierno municipal, Partido Popular (PP) e Iniciativa Habitable (IH), también han aflorado ante una crisis que ha puesto al descubierto que, en este, como en otros muchos casos, el alcalde, Raúl Miranda, está más cerca del PSOE que de sus socios políticos.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reaccionado tarde y mal y sólo tras ser presionado por la opinión pública, de la que forman parte como protagonistas de excepción los padres y madres de alumnos de un centro educativo en el que conviven 700 niños de distintas edades. Las autoridades sanitarias, que en un principio llamaron a la calma y desviaron la atención del problema acusando a la prensa de “generar alarma social”, se han visto obligadas ahora a realizar las pruebas para detectar posibles nuevos casos de tuberculosis a 24 alumnos del “Gonzalo Encabo”.
La aparición de un segundo caso de esta enfermedad en una clase de Educación Infantil –el tercero que se detecta en el municipio- pone bien a las claras que ni la situación estaba controlada ni existen garantías suficientes para los niños que asisten a este centro educativo. No es de extrañar que la directora del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, Carmen Ramos, y el jefe del Servicio de Epidemiología del SES, Julián Mauro, se hayan visto literalmente acorralados por la práctica totalidad de los padres de alumnos a quienes se ha tratado inútilmente de convencer con argumentos tan estériles como que la enfermedad es difícil de contagiar y que “los niños corren más riesgo en casa que en el colegio” porque “se transmite con más facilidad de los adultos a los niños que entre los propios menores”. El pretexto de que "la fuente de infección no está en el colegio" ha revelado la falta de solidez de unos dirigentes que, en lugar de atajar el problema con transparencia, han jugado a ocultar una situación que no podía permanecer por más tiempo silenciada.
Ni el PSOE de Talayuela estuvo acertado cuando acusó a sus oponentes políticos de generar “alarma social”, ni cuando alabó la transparencia de las autoridades sanitarias, ni cuando salió en defensa del director del centro, Manuel Vivas, algunos de cuyos principales despropósitos de los últimos días han sido presentarse en público como “reconocido militante socialista” y negar una entrevista a Radio Interior, el medio de comunicación que destapó el escándalo, con la soberbia propia de quien no tiene agallas para atajar una crisis de esta envergadura.
Próximos a las fechas de Carnaval, algunos progresistas, como Vivas y su entorno, se han apresurado a disfrazarse de integradores, predicando, pero sin dar ejemplo. La hipocresía que se vive en Talayuela, pueblo multirracial sin precedentes, queda al descubierto cuando la inmensa mayoría de los que presumen de integradores, entre ellos numerosos profesores del “Gonzalo Encabo” apartan a sus hijos del único colegio que hay para desplazarlos a centros educativos concertados de localidades próximas. El racismo, la xenofobia y otros males que nos aquejan se combaten con medidas como las que ha puesto en marcha Radio Interior, que mantiene desde hace años protocolos de colaboración con las principales asociaciones de inmigrantes de Talayuela y su entorno. Lo demás es pura máscara carnavalesca.

Piratas en las ondas

Un listado oficial revela un censo de 214 emisoras ilegales en la Comunidad Valenciana y, según la prensa, el Gobierno se encuentra dispuesto a actuar. En Extremadura ni siquiera se conoce el listado de estaciones al margen de la Ley porque nunca nadie lo ha dado a conocer, aunque se estima que las radios piratas en esta comunidad autónoma ronda la veintena. Sólo cuando alguien da la voz de alarma sobre las saturaciones del espectro surgen las voces políticas advirtiendo que se debe actuar, aunque la realidad es que la situación se mantiene durante décadas y no ocurre nada.

Extremadura va a duplicar prácticamente su número de frecuencias legales el próximo mes de abril si se cumple el compromiso del presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que hace unas semanas anunció esa fecha para proceder a la adjudicación de un importante número de emisoras que salieron a concurso hace casi dos años. Las empresas licitantes se encuentran afrontando desde entonces importantes gastos como consecuencia de los exagerados avales que se solicitaron como garantía para un concurso que debería haberse adjudicado en 90 días y que se demora ya 20 meses.

Es de suponer que la adjudicación de las nuevas frecuencias de radio en FM va a poner fin a las emisiones ilegales de empresas que están haciendo competencia desleal a quienes ganaron su licencia en un concurso y ocupan un punto en el dial que les fue asignado por la Dirección General de Telecomunicaciones. Será el momento de que el Gobierno de Extremadura ordene un espacio radioeléctrico que ahora ocupan emisoras legales e ilegales, lamentablemente, en igualdad de condiciones.

Pero la Junta de Extremadura también tendrá en los próximos meses la oportunidad de realizar un proceso para la adjudicación de emisoras de radio marcado por la limpieza, la transparencia y la honestidad. Ha de decirse sin rodeos que el Gobierno regional no ha estado especialmente acertado en los últimos diez años en lo que a la adjudicación de emisoras de radio se refiere.

La polémica adjudicación de nueve licencias en el año 1997 fue revocada por el Tribunal Supremo después de un largo procedimiento judicial que culminó con una sentencia salomónica en la que se ordenó la vuelta atrás de las actuaciones y una nueva baremación, resultado de la cual, la empresa matriz de Radio Interior, Grupo ÍCARO de Comunicación, no sólo conservó las dos licencias que ostenta, sino que además obtuvo una tercera en Jaraíz de la Vera (101.2 FM), en su día adjudicada a Luis del Olmo. Siguiendo instrucciones de la Junta de Extremadura, esta empresa presentó el correspondiente proyecto técnico e inició un proceso de inversiones que se vio truncado a los pocos meses porque la mesa de contratación cometió, al parecer, "un error aritmético" sobre el que ahora habrán de pronunciarse los Tribunales de Justicia.

Hace una década, la mayoría de empresas participantes en el concurso para la adjudicación de las emisoras de radio presentó compromisos que no ha cumplido, pero que les otorgaron los puntos necesarios para lograr su licencia. En aquella fecha hubo quienes se comprometieron a contratar personal con minusvalías, a realizar una abultada programación regional y a emplear a personal indefinido porque era lo que puntuaba. Una década después sólo una empresa, Grupo ÍCARO (Radio Interior) ha cumplido todos sus compromisos, ejecutando planes de empleo estable e indefinido; adaptándose a las nuevas tecnologías con un portal de noticias (http://www.radiointerior.es/) y emitiendo su señal por internet; poniendo en marcha políticas para la mejora de la calidad con la obtención de la Norma UNE-EN-ISO 9001 y ofreciendo una programación 100% regional.

Hace diez años, sólo una sociedad puso en manos de los Tribunales de Justicia lo que consideró un procedimiento arbitrario. Sin embargo, tal cúmulo de desaciertos a lo largo del tiempo y el enorme coste de las garantías solicitadas en forma de avales, va a hacer que la ruptura de aquella brecha continúe si el resultado del concurso no es el que todos esperamos.

La foto de Valdecaballeros

La prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz se ha convertido en un juego de intereses en el que, lo que realmente importa, es el dinero. La izquierda moderada de Extremadura, el PSOE, está dispuesta a dejar en segundo plano aspectos esenciales como la seguridad a cambio de que las empresas propietarias de la planta realicen inversiones cifradas en 600 millones de euros y el cambio del domicilio fiscal desde el País Vasco a esta comunidad aútónoma para que el valor añadido no se pierda en el camino.
No les falta razón a los ecologistas cuando reclaman el cumplimiento de una promesa electoral socialista que abogaba por el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas. A medida que han transcurrido los años, el PSOE ha ido girando cada vez más al centro, o dicho de otro modo, se ha ido "derechizando". Los socialistas comenzaron predicando "OTAN, de entrada no" y acabaron pidiendo el "sí" más categórico en un referendum que lograron llevarse de calle. El ex presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, lideró en la década de los 80 un movimiento social y político que reclamaba el cierre de la Central Nuclear de Valdecaballeros, una instalación que, por la presión de la época, nunca llegó a abrir sus puertas. Pero hoy en día, la foto en blanco y negro de Valdecaballeros en la que Ibarra sostenía la pancarta reclamando el cierre de la planta no es más que un espejismo que avala que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en nuestro país no han afrontado con arrojo el problema de los residuos radiactivos. En la actualidad, las instalaciones de Almaraz encierran, no sólo dos centrales nucleares, sino un abultado volumen de desechos de alta actividad que tienen fecha de caducidad y que algún día serán enterrados en un almacén centralizado. La elección del emplazamiento es un reto para el Gobierno, que ha ido aplazándolo de forma reiterada por el rechazo social que despierta.
Con el argumento de que no existen alternativas suficientes para proporcionar a nuestro país la energía que necesita, recientemente se ha abierto un debate social sobre las nucleares que no ha hecho más que empezar. Ahora el Gobierno de Extremadura supedita la continuidad de Almaraz a cuestiones puramente económicas, pero no hay que olvidar que esta planta tiene una antigüedad excesiva, que ha sustituido sus generadores de vapor fabricados por Westinghouse porque presentaban un defecto de diseño que originaba problemas de corrosión y que sufrió una fuga del circuito primario al secundario el 13 de julio de 1988. Eso es lo que realmente importa y el asunto que debe presidir cualquier negociación en la que se ponga sobre la mesa la continuidad o no de la Central Nuclear de Almaraz.

Crisis por contagio

Por encima de indicadores económicos que hay que analizar con el mayor de los respetos, afrontamos una etapa de cambios en la que la psicosis se contagia como la gripe. A cada estornudo del Gobierno responde la banca con la compra de pañuelos de papel para sonarse la nariz. Y cuando la banca compra "clinex", los grandes empresarios acuden al servicio de urgencias para que les receten píldoras contra la congestión nasal. Uno de los peores males que nos aquejan es que la banca en este país es egoista, insaciable y oportunista. Los bancos piden ayuda al Gobierno pero no la prestan a los necesitados esgrimiendo no sé qué cuentos sobre una crisis que nunca les afecta porque siempre gozan del privilegio de los poderosos.
Es cierto que nos encontramos ante la mayor de las crisis que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir, pero también lo es que el efecto contagio está resultando perjudicial para los intereses de empresarios y trabajadores. Hay empresas verdaderamente castigadas por el lastre económico, pero también existen muchas otras que están pidiendo que se les diagnostique un mal que no padecen para poder guardar reservas en la despensa por lo que pueda venir.
La paralización del consumo, la sucesión de despidos en muchas ocasiones injustificados y las malas prácticas de grupos empresariales están empujándonos a un abismo peligroso. No podemos consentir que la crisis avance y nos encierre en casa acobardados; ni que haya empresas que se contagien de una psicosis de crisis mayor que la crisis en sí. Tampoco debemos aceptar a los malos trabajadores que no se esfuerzan en tirar del carro del progreso y cargan su tarea en las espaldas ajenas. Es obligación de todos denunciar las prácticas de grupos empresariales que, presumiendo de ser líderes, mantienen en sus centros de trabajo a personas sin contrato laboral y sin cobertura social. Si todos empujamos en la misma dirección y conducimos al redil a las ovejas descarriadas, la crisis y toda la psicosis que la rodea no serán capaces de frenar el bienestar que todos nos merecemos.