El desplante de Sierra de Gata

La toma de posesión de Teresa Roca como alcaldesa de Moraleja, tras prosperar la moción de censura del 27 de agosto, ha quedado empañada de puertas adentro en su propio partido por la ausencia de sus colegas socialistas de la comarca de Sierra de Gata. En una jornada presidida por una tensa calma, el PSOE hubo de medir, no sólo fuerzas, sino también apoyos, con un PP que respaldó en masa a su compañera Concepción González, que abandonaba la alcaldía después de más de tres años de mandato. Los socialistas, por el contrario, se escondieron en la ausencia, y salvo casos aislados como los de Juan Andrés Tovar, Rafaela Fuentes o los alcaldes de Torrejoncillo, Calzadilla o Cilleros, entre otros, dieron la callada por respuesta en una sesión plenaria en la que Roca necesitaba su aliento más que nunca.

Pero si algo llamó la atención fue la ausencia de alcaldes de la comarca a la que pertenece Moraleja. Resulta cuando menos chocante que, en un pleno en el que el asunto más debatido fue la necesidad o no de que Moraleja vuelva a integrarse en la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata, no hubiese alcaldes socialistas de la comarca para arropar a su compañera de filas.

Teresa Roca, diputada en la institución provincial en la anterior legislatura, no sólo perdió en mayo de 2007 la alcaldía, sino también su puesto en la Diputación Provincial de Cáceres, después de que sus compañeros de la Sierra de Gata decidieran sustituirla por el actual presidente de la mancomunidad, Alfonso Beltrán. Por si fuera poco, el sempiterno presidente de Adisgata, José Luís Solís, nunca olvidará ni tampoco perdonará que el edil moralejano Felipe Mayoral (PSOE) intentase un asalto al poder del grupo de acción local desde el Ayuntamiento de Moraleja, intentando poner coto a sus muchos privilegios.

En Radio Interior, Beltrán justificó su ausencia a tan tenso pleno argumentando motivos personales, aunque en las mismas declaraciones dejó claro que su postura institucional como presidente del ente comarcal le aconseja guardar cierta neutralidad en este tipo de asuntos. Una postura tan distinta como distante con la mantenida por cargos de mayor calado político como Juan Andrés Tovar o Rafaela Fuentes, o con la del propio Carlos Carlos Rodríguez, presidente de la Mancomunidad del Valle del Alagón y, por tanto, del mismo rango institucional que Beltrán.

En los últimos años, desde la bancada de la oposición, el PSOE de Moraleja ha puesto en marcha una proclama social en la que ha repetido hasta la saciedad que era necesario regresar a la mancomunidad de municipios. En el discurso previo a su toma de posesión como alcaldesa, Roca insistió en esa tesis, a sabiendas de que es más una necesidad de partido que un beneficio económico real, circunstancia que, hasta ahora, siempre ha quedado en el aire por la falta de transparencia del ente comarcal.

Los grandes municipios de Extremadura han optado por no integrarse en mancomunidades porque resulta nocivo para sus intereses. Y cuando hablamos de grandes municipios nos referimos a pueblos de aproximadamente 10.000 habitantes, en una comunidad en la que la mayor de sus ciudades tiene 200.000 vecinos. El ex consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta, abrió una sutil polémica con Rafael Mateos, alcalde de Navalmoral de la Mata, por este mismo asunto y sólo logró que la vecina Talayuela no abandonase la Mancomunidad de Municipios del Campo Arañuelo.

Volver a la Sierra de Gata se ha convertido en una arenga de partido, en una orden que cumplir para dar muestras de que el cambio es posible en tan sólo unos meses. En unos tiempos en los que la crisis económica vapulea las arcas institucionales de las Administraciones y ahoga a los ayuntamientos, van a verse pocas gracias inversoras. El nuevo gobierno de Moraleja necesita, entre muchas oras cosas, golpes de efecto, y el primero de ellos va a ser el retorno a la mancomunidad, aunque para ello sea necesario sentarse en la misma mesa con aquellos con quienes no existen precisamente relaciones fluidas.

La ecuación socialista

A menos de un año para la convocatoria de las elecciones municipales de 2011, el Partido Popular (PP) de Moraleja ha despejado la incógnita de su futuro inmediato al desvelar que Concepción González, actual alcaldesa, no repetirá como cabeza de lista en la candidatura. Los órganos del partido decidirán en los próximos meses quien se postula como candidato a la alcaldía, aunque sí está claro que se producirá un relevo generacional que tendrá como protagonistas al actual edil de Festejos, Pedro Caselles, o al de Deportes, Rubén Blanco.

El PP, en coalición con Extremadura Unida (EU), obtuvo 2.136 votos (47,81%) en las elecciones de mayo de 2007, es decir, 273 más que los socialistas (1.863 sufragios y el 41,7%). La formación política IPEx, con sólo 386 votos, se convirtió en la llave de gobierno de un ayuntamiento históricamente crispado que quedó conformado por seis ediles populares, seis socialistas y un independiente. La crisis abierta en el seno de los independientes no ha hecho sino certificar la defunción anticipada de un proyecto político improvisado que, a buen seguro, dejará a los ciudadanos de Moraleja ante un escenario bipartidista en el que PP y PSOE habrán de repartirse los votos de un crítico electorado.

Al final de la actual legislatura, el equipo de gobierno del PP habrá acusado el desgaste típico que afecta a todos cuantos gobiernan por el simple hecho de situarse en el poder y tomar decisiones; lo que ha de valorarse es si ese desgaste habrá superado los 273 votos que le dieron ventaja sobre los socialistas. El PP va a tener a su favor dos hechos incuestionables en las próximas elecciones. Por un lado, el cambio de candidato puede propiciar un nuevo aire de optimismo entre su electorado y un número importante de indecisos que contribuya a fortalecer sus resultados. Por otro, la independencia de Vegaviana, feudo tradicionalmente socialista que, por primera vez, votará de forma autónoma, arrastrará a su favor una importante balsa de votos.

A unos meses de los comicios, sólo resta despejar la ecuación socialista. El partido en la oposición aún no ha dejado claro si Teresa Roca repetirá como candidata a la alcaldía de Moraleja o si, por el contrario, se aprovechará el relevo popular para dar paso a savia nueva en el PSOE local. Los socialistas, innegablemente aventajados por el desgaste de los populares, habrán de contrarrestar la fuerza de un nuevo candidato popular y el temido lastre de Vegaviana. El resultado de tal conjunción de factores dibuja para 2011 el escenario más impredecible que se pueda vivir en Moraleja en las últimas décadas.

El llanto del quejío extremeño

A Isidoro Vizcaíno (8 de octubre de 1934-12 de junio de 2010) lo desahució un equipo médico de Madrid hace más de tres décadas, pero pudo más su coraje y el amor a su familia que la enfermedad que le intentaba arrebatar la vida que le dieron Germán y Felisa. Hace poco más de un año me lo recordaba cuando me encontraba convaleciente en la cama de un hospital al que acudió a visitarme: "Me dije que tenía que tirar pa´lante y cuidar a mis niños, que eran muy pequeños". Y tiró pa´lante con yerbajos y remedios naturales y, sobre todo, con mucho amor.

Se nos ha muerto en Madrid, treinta y pico años después de aquel susto que encogió el corazón de los talayuelanos, uno de los hombres buenos que nos quedaban. Recuerdo en los años 70 el boom de su tienda textil, Isidoro y Victorina, que nos trajo las sábanas de El Burrito Blanco y los primeros pantalones vaqueros. Recuerdo cuando le robaron en su establecimiento y utilizaron la furgoneta propiedad de mi padre, su primo hermano Jerónimo, y el arrojo que echaron ambos para desplazarse hasta La Carolina (Jaén), donde sorprendieron a los cacos en plena faena mientras intentaban poner a la venta el botín en un mercadillo. Recuerdo cuando nos quedamos solos, los dos Isidoros, sin nadie que nos apoyara, para evitar que despojaran a Talayuela de 4.000 hectáreas de su término municipal. Y recuerdo tristemente su ignorancia en junio de 1996 cuando me dijo que mi padre no podía morir, que lo mismo le dijeron a él en Madrid y ahí estaba dando calda.

En 2008 cumplió uno de sus sueños al escribir y editar su libro "Un quejío extremeño", en el que abrió interesantes capítulos cargados de ironía y crítica mordaz a un mundo injusto. Victoria, su mujer, más conocida como Victorina, era la protagonista de cada uno de sus capítulos, perfectamente hilvanados y servidos en papel. Ese libro, que nunca quiso que fuese financiado por ninguna institución pública, fue una revelación de sinceridad, una explosión de rabia controlada y un reencuentro consigo mismo, pues no hizo sino recapitular aquellos mensajes que, de su puño y letra, desgranaba en el escaparate de su tienda de confección a modo de reflexiones.

A Isidoro Vizcaíno siempre se le atribuyó una excesiva fama de despistado algo, por otra parte, muy propio de los García. Cuentan que una fría mañana fue a llevar tabaco al centro de Navalmoral de la Mata y olvidó el remolque del tractor en Talayuela o que detuvo su vehículo para montar a unos estudiantes que hacían auto-stop y no advirtió su ausencia hasta mediado el camino. Estas y otras leyendas rurales, más fruto de la exageración popular que de la propia realidad, moldearon el carácter de un hombre que supo ganarse el corazón de cuántos le conocían. Isidoro Vizcaíno luchó por el cultivo del tabaco como nadie lo hizo y, a diferencia de la mayoría de los que le sucedieron, nunca persiguió más intereses que los del colectivo al que pertenecía.

Talayuela llora la pérdida del hombre bueno que dio lo que tenía a quienes lo necesitaban. A partir de ahora, nada será igual sin Isidoro.

Decíamos ayer...

Nací en la madrugada del 1 de mayo de 2009 en un oscuro quirófano del Hospital "Campo Arañuelo" de Navalmoral de la Mata y fui atendido por una doctora de origen peruano recién llegada a España que se disfrazó de ángel de la guarda para salvarme la vida. Desde entonces, como el Rey Juan Carlos, defiendo la eficacia de la sanidad pública y, tal y como he sostenido siempre por principio, valoro el papel de cuantos llegan a nuestro país en busca de un modo de vida mejor.

Me he propuesto olvidar la temida entrada en aquella lúgubre estancia, pero no la salida, según cuentan, algo hipocondríaca. Y ahora me debato entre la primavera y el verano con el propósito de buscar en el calendario cual de las dos fechas que han marcado mi vida y la antesala de la muerte es la más idónea para festejar un cumpleaños en el que siempre recordaré dos hospitales distintos.

He de reconocer que ni he visto el túnel del que todos hablan ni las barbas de San Pedro; ni siquiera me he atrevido a preguntarle a mi sombra si sigo siendo yo o he experimentado el cambio radical que transforma en seres humanos bondadosos, tiernos y queridos a todos los que pisan el umbral.

El jueves, 2 de abril de 2009, última vez que me asomé a este blog, había cierto olor a podrido. Hoy, 18 de mayo de 2010 -un año, un mes y 16 días después- nos hemos visto obligados a tirar la basura para evitar la transmisión de enfermedades y un nuevo ingreso hospitalario, que la vida da oportunidades pero no demasiadas. Ha pasado el tiempo y ha llovido más que nunca en un invierno que nos hizo sacar del armario las botas catiuscas para poder cambiarnos de acera. Ha venido la primavera generosa regalando verdor a los campos, agua a los ríos y esperanza a los que sueñan con un mundo mejor. Y está llamando a la puerta el verano extremeño, el de las chicharras y los grillos con cantimplora, el de las caídas estrepitosas de la bolsa y la desconfianza de los inversores, el de los especuladores y magos de las finanzas. Y nosotros aquí, casi desnudos, como los hijos de la mar, como dijo Antonio Machado. Diremos mañana...

Cierto olor a podrido

Tal y como era de preveer, la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata se ha descompuesto, inundada en sus propios fracasos de gestión, y abrumada por graves irregularidades económicas. La forzada renuncia de su presidente, Valentín Porras, ha estado precedida por la dimisión de dos piezas clave en el ente: los ediles de Hoyos y Valverde del Fresno, Marcelo Hernández y Ana Isabel Pérez, respectivamente, que de forma valiente han abandonado sus puestos al frente de la tesorería y la comisión de cuentas para despejar cualquier atisbo de duda sobre su gestión.

Valentín Porras ni ha podido ni ha sabido amortiguar la crisis que en buena parte heredó del ahora diputado provincial, Alfonso Beltrán, quien no supo poner freno en su día a las intenciones del ex-consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta, para colocar a su pupilo, Ignacio Márquez, al frente de la gerencia de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata. No hay que exculpar al PP del progreso de Márquez, ya que el representante de esta formación política en el órgano que se constituyó para adjudicar la plaza de gerente fue el alcalde de Villamiel, Juan Isaac Enrique, en aquellas fechas familiar directo del elegido.

Pero la desaparición de Porras de la escena política comarcal de Sierra de Gata no tendrá efectos secundarios en el saneamiento de las arcas de la mancomunidad si la medida no va acompañada de otra serie de depuraciones que, por higiene democrática, se consideran imprescindibles.

Uno de los principales desaguisados del actual equipo de gobierno de Sierra de Gata ha sido la adjudicación de la gestión de las depuradoras de aguas residuales en la comarca. El concurso benefició a Exman (Explotación y Mantenimiento, S.L.), una sociedad placentina que fue filial del desaparecido Grupo Himexsa Tecnoagua (GHT), a pesar de que había otras empresas capaces de gestionar el servicio en condiciones mucho más ventajosas para los intereses de la mancomunidad. Varias personas del PSOE con poder de decisión en aquel concurso conocían que el gerente de la mancomunidad fue empleado de GHT, donde ocupó el cargo de responsable de Recursos Humanos tras su desembarco en la empresa privada proveniente de la UGT. Por tanto, avalaron con su voto una adjudicación conscientes de que Márquez estaba dejando la gestión de un servicio comarcal en manos de unos antiguos amigos.

Otro de los vicios añadidos de Sierra de Gata, cuyo único responsable ha sido el dimitido alcalde de Santibáñez el Alto, ha consistido en dejar el timón del barco en manos de Márquez, el gerente de la mancomunidad, que dispone de una envidiable capacidad camaleónica (pasó de sindicalista a director de Recursos Humanos de una empresa). Su desastroso paso por una fundación constituída en Valencia de Alcántara con el único propósito de captar fondos comunitarios, le granjeó una buena amistad con su padrino, el ex-alcalde y ex-consejero López Iniesta, que al final le logró un buen puesto que, además, le permite alternar sus quehaceres con una segunda actividad en la que prima la labor de captar ayudas y subvenciones de los boletines oficiales de la provincia, la comunidad autónoma y las Administraciones central y europea.

La escena que se vive actualmente en Sierra de Gata dista mucho de ser ejemplar: la Mancomunidad de Municipios de la comarca ha gestionado, sin pena ni gloria, un Plan de Dinamización Turística cuyos resultados más evidentes han sido el cierre de varias oficinas de información turística. Más preocupados por su propio sustento que por el de sus convecinos, muchos de los alcaldes asisten aún hoy a la decadencia de una zona que, con la llegada de la autovía, debería respirar prosperidad y progreso. No se explica, por ejemplo, que ninguno haya movido un dedo para tratar de que no desaparezca la representación de la Pasión de Torrecilla de los Ángeles, después de 21 años de puesta en escena, o que la Cooperativa de Vinos de la Sierra de Gata se encuentre al borde del abismo. El desolador panorama político y social se ha quebrado hasta el punto de que las relaciones laborales en la mancomunidad se encuentran deshechas por una gestión en la que se ha tomado como bandera la humillación.

Ni Porras ni Márquez, capitanes del ente, han realizado el más mínimo esfuerzo en normalizar relaciones con ayuntamientos, colectivos, asociaciones, empresas y personas de talante conciliador que les han tendido su mano y que sólo han obtenido la prepotencia como respuesta. La Sierra de Gata asiste a un declive que nada tiene que ver con la crisis que nos azota, sino con el talante de unos políticos aglutinados en torno a un partido, el PSOE, profundamente dividido en la comarca, y cuyos responsables han permitido que se desvanezcan ilusiones como la de Turismo Jálama, S.L. (La Fatela), ahora en concurso de acreedores.

La Mancomunidad de Sierra de Gata tiene ante sí el reto de volver a ser lo que fue, y recuperar el clima de confianza de los ciudadanos y la normalización de las relaciones laborales del personal contratado, profundamente deterioradas por la gestión llevada a cabo por el gerente y el presidente del ente. Con esta nueva primavera, 22 municipios y 24.000 vecinos esperan que la nueva presidencia dé un giro de timón a todo cuanto huele a podrido.

El esperpento de Talayuela

La aparición de dos casos de tuberculosis en el Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Talayuela, antes bandera de la integración y ahora de la hipocresía, ha dejado con las vergüenzas al aire a la clase política sin distinción y a las autoridades sanitarias sin excepción. Las más que evidentes diferencias entre los dos grupos que conforman el gobierno municipal, Partido Popular (PP) e Iniciativa Habitable (IH), también han aflorado ante una crisis que ha puesto al descubierto que, en este, como en otros muchos casos, el alcalde, Raúl Miranda, está más cerca del PSOE que de sus socios políticos.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reaccionado tarde y mal y sólo tras ser presionado por la opinión pública, de la que forman parte como protagonistas de excepción los padres y madres de alumnos de un centro educativo en el que conviven 700 niños de distintas edades. Las autoridades sanitarias, que en un principio llamaron a la calma y desviaron la atención del problema acusando a la prensa de “generar alarma social”, se han visto obligadas ahora a realizar las pruebas para detectar posibles nuevos casos de tuberculosis a 24 alumnos del “Gonzalo Encabo”.
La aparición de un segundo caso de esta enfermedad en una clase de Educación Infantil –el tercero que se detecta en el municipio- pone bien a las claras que ni la situación estaba controlada ni existen garantías suficientes para los niños que asisten a este centro educativo. No es de extrañar que la directora del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, Carmen Ramos, y el jefe del Servicio de Epidemiología del SES, Julián Mauro, se hayan visto literalmente acorralados por la práctica totalidad de los padres de alumnos a quienes se ha tratado inútilmente de convencer con argumentos tan estériles como que la enfermedad es difícil de contagiar y que “los niños corren más riesgo en casa que en el colegio” porque “se transmite con más facilidad de los adultos a los niños que entre los propios menores”. El pretexto de que "la fuente de infección no está en el colegio" ha revelado la falta de solidez de unos dirigentes que, en lugar de atajar el problema con transparencia, han jugado a ocultar una situación que no podía permanecer por más tiempo silenciada.
Ni el PSOE de Talayuela estuvo acertado cuando acusó a sus oponentes políticos de generar “alarma social”, ni cuando alabó la transparencia de las autoridades sanitarias, ni cuando salió en defensa del director del centro, Manuel Vivas, algunos de cuyos principales despropósitos de los últimos días han sido presentarse en público como “reconocido militante socialista” y negar una entrevista a Radio Interior, el medio de comunicación que destapó el escándalo, con la soberbia propia de quien no tiene agallas para atajar una crisis de esta envergadura.
Próximos a las fechas de Carnaval, algunos progresistas, como Vivas y su entorno, se han apresurado a disfrazarse de integradores, predicando, pero sin dar ejemplo. La hipocresía que se vive en Talayuela, pueblo multirracial sin precedentes, queda al descubierto cuando la inmensa mayoría de los que presumen de integradores, entre ellos numerosos profesores del “Gonzalo Encabo” apartan a sus hijos del único colegio que hay para desplazarlos a centros educativos concertados de localidades próximas. El racismo, la xenofobia y otros males que nos aquejan se combaten con medidas como las que ha puesto en marcha Radio Interior, que mantiene desde hace años protocolos de colaboración con las principales asociaciones de inmigrantes de Talayuela y su entorno. Lo demás es pura máscara carnavalesca.

Piratas en las ondas

Un listado oficial revela un censo de 214 emisoras ilegales en la Comunidad Valenciana y, según la prensa, el Gobierno se encuentra dispuesto a actuar. En Extremadura ni siquiera se conoce el listado de estaciones al margen de la Ley porque nunca nadie lo ha dado a conocer, aunque se estima que las radios piratas en esta comunidad autónoma ronda la veintena. Sólo cuando alguien da la voz de alarma sobre las saturaciones del espectro surgen las voces políticas advirtiendo que se debe actuar, aunque la realidad es que la situación se mantiene durante décadas y no ocurre nada.

Extremadura va a duplicar prácticamente su número de frecuencias legales el próximo mes de abril si se cumple el compromiso del presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que hace unas semanas anunció esa fecha para proceder a la adjudicación de un importante número de emisoras que salieron a concurso hace casi dos años. Las empresas licitantes se encuentran afrontando desde entonces importantes gastos como consecuencia de los exagerados avales que se solicitaron como garantía para un concurso que debería haberse adjudicado en 90 días y que se demora ya 20 meses.

Es de suponer que la adjudicación de las nuevas frecuencias de radio en FM va a poner fin a las emisiones ilegales de empresas que están haciendo competencia desleal a quienes ganaron su licencia en un concurso y ocupan un punto en el dial que les fue asignado por la Dirección General de Telecomunicaciones. Será el momento de que el Gobierno de Extremadura ordene un espacio radioeléctrico que ahora ocupan emisoras legales e ilegales, lamentablemente, en igualdad de condiciones.

Pero la Junta de Extremadura también tendrá en los próximos meses la oportunidad de realizar un proceso para la adjudicación de emisoras de radio marcado por la limpieza, la transparencia y la honestidad. Ha de decirse sin rodeos que el Gobierno regional no ha estado especialmente acertado en los últimos diez años en lo que a la adjudicación de emisoras de radio se refiere.

La polémica adjudicación de nueve licencias en el año 1997 fue revocada por el Tribunal Supremo después de un largo procedimiento judicial que culminó con una sentencia salomónica en la que se ordenó la vuelta atrás de las actuaciones y una nueva baremación, resultado de la cual, la empresa matriz de Radio Interior, Grupo ÍCARO de Comunicación, no sólo conservó las dos licencias que ostenta, sino que además obtuvo una tercera en Jaraíz de la Vera (101.2 FM), en su día adjudicada a Luis del Olmo. Siguiendo instrucciones de la Junta de Extremadura, esta empresa presentó el correspondiente proyecto técnico e inició un proceso de inversiones que se vio truncado a los pocos meses porque la mesa de contratación cometió, al parecer, "un error aritmético" sobre el que ahora habrán de pronunciarse los Tribunales de Justicia.

Hace una década, la mayoría de empresas participantes en el concurso para la adjudicación de las emisoras de radio presentó compromisos que no ha cumplido, pero que les otorgaron los puntos necesarios para lograr su licencia. En aquella fecha hubo quienes se comprometieron a contratar personal con minusvalías, a realizar una abultada programación regional y a emplear a personal indefinido porque era lo que puntuaba. Una década después sólo una empresa, Grupo ÍCARO (Radio Interior) ha cumplido todos sus compromisos, ejecutando planes de empleo estable e indefinido; adaptándose a las nuevas tecnologías con un portal de noticias (http://www.radiointerior.es/) y emitiendo su señal por internet; poniendo en marcha políticas para la mejora de la calidad con la obtención de la Norma UNE-EN-ISO 9001 y ofreciendo una programación 100% regional.

Hace diez años, sólo una sociedad puso en manos de los Tribunales de Justicia lo que consideró un procedimiento arbitrario. Sin embargo, tal cúmulo de desaciertos a lo largo del tiempo y el enorme coste de las garantías solicitadas en forma de avales, va a hacer que la ruptura de aquella brecha continúe si el resultado del concurso no es el que todos esperamos.