El esperpento de Talayuela

La aparición de dos casos de tuberculosis en el Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Talayuela, antes bandera de la integración y ahora de la hipocresía, ha dejado con las vergüenzas al aire a la clase política sin distinción y a las autoridades sanitarias sin excepción. Las más que evidentes diferencias entre los dos grupos que conforman el gobierno municipal, Partido Popular (PP) e Iniciativa Habitable (IH), también han aflorado ante una crisis que ha puesto al descubierto que, en este, como en otros muchos casos, el alcalde, Raúl Miranda, está más cerca del PSOE que de sus socios políticos.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reaccionado tarde y mal y sólo tras ser presionado por la opinión pública, de la que forman parte como protagonistas de excepción los padres y madres de alumnos de un centro educativo en el que conviven 700 niños de distintas edades. Las autoridades sanitarias, que en un principio llamaron a la calma y desviaron la atención del problema acusando a la prensa de “generar alarma social”, se han visto obligadas ahora a realizar las pruebas para detectar posibles nuevos casos de tuberculosis a 24 alumnos del “Gonzalo Encabo”.
La aparición de un segundo caso de esta enfermedad en una clase de Educación Infantil –el tercero que se detecta en el municipio- pone bien a las claras que ni la situación estaba controlada ni existen garantías suficientes para los niños que asisten a este centro educativo. No es de extrañar que la directora del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, Carmen Ramos, y el jefe del Servicio de Epidemiología del SES, Julián Mauro, se hayan visto literalmente acorralados por la práctica totalidad de los padres de alumnos a quienes se ha tratado inútilmente de convencer con argumentos tan estériles como que la enfermedad es difícil de contagiar y que “los niños corren más riesgo en casa que en el colegio” porque “se transmite con más facilidad de los adultos a los niños que entre los propios menores”. El pretexto de que "la fuente de infección no está en el colegio" ha revelado la falta de solidez de unos dirigentes que, en lugar de atajar el problema con transparencia, han jugado a ocultar una situación que no podía permanecer por más tiempo silenciada.
Ni el PSOE de Talayuela estuvo acertado cuando acusó a sus oponentes políticos de generar “alarma social”, ni cuando alabó la transparencia de las autoridades sanitarias, ni cuando salió en defensa del director del centro, Manuel Vivas, algunos de cuyos principales despropósitos de los últimos días han sido presentarse en público como “reconocido militante socialista” y negar una entrevista a Radio Interior, el medio de comunicación que destapó el escándalo, con la soberbia propia de quien no tiene agallas para atajar una crisis de esta envergadura.
Próximos a las fechas de Carnaval, algunos progresistas, como Vivas y su entorno, se han apresurado a disfrazarse de integradores, predicando, pero sin dar ejemplo. La hipocresía que se vive en Talayuela, pueblo multirracial sin precedentes, queda al descubierto cuando la inmensa mayoría de los que presumen de integradores, entre ellos numerosos profesores del “Gonzalo Encabo” apartan a sus hijos del único colegio que hay para desplazarlos a centros educativos concertados de localidades próximas. El racismo, la xenofobia y otros males que nos aquejan se combaten con medidas como las que ha puesto en marcha Radio Interior, que mantiene desde hace años protocolos de colaboración con las principales asociaciones de inmigrantes de Talayuela y su entorno. Lo demás es pura máscara carnavalesca.

Piratas en las ondas

Un listado oficial revela un censo de 214 emisoras ilegales en la Comunidad Valenciana y, según la prensa, el Gobierno se encuentra dispuesto a actuar. En Extremadura ni siquiera se conoce el listado de estaciones al margen de la Ley porque nunca nadie lo ha dado a conocer, aunque se estima que las radios piratas en esta comunidad autónoma ronda la veintena. Sólo cuando alguien da la voz de alarma sobre las saturaciones del espectro surgen las voces políticas advirtiendo que se debe actuar, aunque la realidad es que la situación se mantiene durante décadas y no ocurre nada.

Extremadura va a duplicar prácticamente su número de frecuencias legales el próximo mes de abril si se cumple el compromiso del presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, que hace unas semanas anunció esa fecha para proceder a la adjudicación de un importante número de emisoras que salieron a concurso hace casi dos años. Las empresas licitantes se encuentran afrontando desde entonces importantes gastos como consecuencia de los exagerados avales que se solicitaron como garantía para un concurso que debería haberse adjudicado en 90 días y que se demora ya 20 meses.

Es de suponer que la adjudicación de las nuevas frecuencias de radio en FM va a poner fin a las emisiones ilegales de empresas que están haciendo competencia desleal a quienes ganaron su licencia en un concurso y ocupan un punto en el dial que les fue asignado por la Dirección General de Telecomunicaciones. Será el momento de que el Gobierno de Extremadura ordene un espacio radioeléctrico que ahora ocupan emisoras legales e ilegales, lamentablemente, en igualdad de condiciones.

Pero la Junta de Extremadura también tendrá en los próximos meses la oportunidad de realizar un proceso para la adjudicación de emisoras de radio marcado por la limpieza, la transparencia y la honestidad. Ha de decirse sin rodeos que el Gobierno regional no ha estado especialmente acertado en los últimos diez años en lo que a la adjudicación de emisoras de radio se refiere.

La polémica adjudicación de nueve licencias en el año 1997 fue revocada por el Tribunal Supremo después de un largo procedimiento judicial que culminó con una sentencia salomónica en la que se ordenó la vuelta atrás de las actuaciones y una nueva baremación, resultado de la cual, la empresa matriz de Radio Interior, Grupo ÍCARO de Comunicación, no sólo conservó las dos licencias que ostenta, sino que además obtuvo una tercera en Jaraíz de la Vera (101.2 FM), en su día adjudicada a Luis del Olmo. Siguiendo instrucciones de la Junta de Extremadura, esta empresa presentó el correspondiente proyecto técnico e inició un proceso de inversiones que se vio truncado a los pocos meses porque la mesa de contratación cometió, al parecer, "un error aritmético" sobre el que ahora habrán de pronunciarse los Tribunales de Justicia.

Hace una década, la mayoría de empresas participantes en el concurso para la adjudicación de las emisoras de radio presentó compromisos que no ha cumplido, pero que les otorgaron los puntos necesarios para lograr su licencia. En aquella fecha hubo quienes se comprometieron a contratar personal con minusvalías, a realizar una abultada programación regional y a emplear a personal indefinido porque era lo que puntuaba. Una década después sólo una empresa, Grupo ÍCARO (Radio Interior) ha cumplido todos sus compromisos, ejecutando planes de empleo estable e indefinido; adaptándose a las nuevas tecnologías con un portal de noticias (http://www.radiointerior.es/) y emitiendo su señal por internet; poniendo en marcha políticas para la mejora de la calidad con la obtención de la Norma UNE-EN-ISO 9001 y ofreciendo una programación 100% regional.

Hace diez años, sólo una sociedad puso en manos de los Tribunales de Justicia lo que consideró un procedimiento arbitrario. Sin embargo, tal cúmulo de desaciertos a lo largo del tiempo y el enorme coste de las garantías solicitadas en forma de avales, va a hacer que la ruptura de aquella brecha continúe si el resultado del concurso no es el que todos esperamos.